PERPLEJIDAD

PERPLEJIDAD
No dejo de darle vueltas al asunto de los crucifijos (y al del comienzo del curso llevando a los niños a la iglesia de la Purificación, y al del Miércoles de Ceniza, y al de la imposición de flores a la Virgen María en mayo, y al de rezar el Angelus en clase, y al de…) en el colegio “Ortega y Gasset”, de Almendralejo. Y cuanto más lo rumio, más perplejidad y preocupación me produce pues se trata, nada menos, como reconocen el propio Presidente de la Junta de Extremadura y su Consejera de Educación, que de un asunto de “valores y principios para la convivencia de todos los españoles" consagrados en la Constitución.
Primera perplejidad: Si se trata de restablecer valores y principios para la convivencia y de hacer valer un derecho constitucional, ¿cómo es posible que estos asuntos lleven produciéndose y manteniéndose durante tanto tiempo y no se hayan tomado medidas desde la Consejería de Educación hasta que una intervención de la justicia era ya inminente? ¿Acaso la Inspección Técnica Educativa no se percató de las arbitrariedades que en ese centro se estaban produciendo? ¿Qué decía el informe del inspector de la zona – supongo que algún informe escrito se habrá elaborado –sobre estos hechos? ¿Acaso la autoridad administrativa (Equipo directivo, Delegado provincial, Consejera…) no tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley?
Me temo que en la estructura escolar nadie quiso ver los atropellos que se estaban produciendo.

Segunda perplejidad: Y en éstas, nuestro Presidente de la Junta, Sr. Fernández Vara, se descuelga con lo de "hablar mucho" y "en la escuela"; "que se hable en la escuela", entre los padres y la dirección del centro, para buscar "soluciones", aunque "teniendo en cuenta" que una familia pude hacer "uso de su derecho constitucional". Y se queda tan tranquilo. ¿Y si una familia no se atreve a reclamar “su derecho constitucional, hecho que suele ocurrir con harta frecuencia por multitud de razones justificadísimas (no declarar su confesión religiosa, presiones de otras familias, falta de información o de formación, etc.)? ¿Se le atropellan sus derechos y “aquí no pasa nada”? ¿No está la autoridad para- de oficio y sin que nadie se lo reclame- hacer valer y prevalecer los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos? “Hablar mucho” y “en la escuela”. ¿Quiénes? ¿Una familia a la que se le presiona hasta lo intolerable por haberse atrevido a reclamar su derecho constitucional? ¿De qué? ¿De una “renuncia democrática” a un derecho hasta conseguir que cedas? ¿Con quién? ¿Con otros padres de alumnos que se creen que pueden arrasar cualquier valor constitucional que no coincida con los suyos por el mero hecho de ser mayoría en ese momento y situación? ¿Con un equipo directivo de un centro que se inhibe para no comprometerse? ¿Con una Administración educativa que, o no da la cara o devuelve la pelota al Consejo Escolar y que sea él quien resuelva, tenga o no competencias para ello?
“Hablar mucho” y “en la escuela” ¿Durante dos largos años? ¿Hasta que encuentren una solución sea la que sea? Y mientras, ¿qué? ¿O tal vez hablar en la escuela hasta que exista el riesgo bochornoso de que otra autoridad no escolar – la judicial – restablezca el derecho y lo haga cumplir? ¿Esto es lo que nos pide nuestro Presidente? "No se debe judicializar la vida de los centros educativos", dice la Sra. Consejera. ¿Entonces qué? ¿Que los padres lleven la iniciativa, se enzarcen entre ellos en disputas, soporten la presión y se instale permanentemente el conflicto en el centro mientras la autoridad educativa dimite de su obligación, mira para otro lado y deja pasar el tiempo?

Tercera perplejidad: Y luego está lo de de la Sra. Consejera respecto a las "relaciones preferentes o prevalentes" con la Iglesia Católica y lo de que la religión debe ser materia de oferta obligatoria, lo cual significa que "evidentemente tienen que haber aulas con crucifijos". Dª Eva Mª Pérez sabe muy bien que la enseñanza de la asignatura de religión católica en los centros escolares no conlleva necesariamente ni la realización de prácticas religiosas en las aulas, ni la presencia de símbolos religiosos católicos adornando sus paredes y presidiendo sus espacios de forma permanente, ni la celebración de actos de culto católico en el recinto escolar. Y mucho menos la “evidencia” de que tienen que haber aulas con crucifijos. Sabe muy bien la Sra. Pérez que lo que establece la Constitución es que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Ni preferentes ni prevalentes. Sólo relaciones de cooperación. Y no son pocas las fijadas en el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, firmado por cierto en 1953, revisado en 1976 y firmado en enero de 1979. Sabe, por tanto, también nuestra Consejera que la obligación de los centros de ofertar la asignatura de religión católica no tiene su base en la Constitución sino en un Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede firmado apenas unos escasísimos días después de aprobarse la Constitución.
Puede, pues, estar tranquila la Sra. Consejera en lo referente a las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica; bien cumplidas están. El Concordato con la Santa Sede en materia de enseñanza lo satisface con largueza: oferta obligatoria, elección del profesorado, pago del mismo, determinación del currículo, presencia eclesial, conciertos económicos con centros religiosos…Relaciones de cooperación que deberían ser revisadas y ajustadas.
Mientras esto ocurre, fuera “escrúpulos del padre Gargajo” y no permitamos que estas relaciones privilegiadas con la Iglesia Católica se lleven por delante ninguno de los derechos constitucionales que tanto costaron conseguir.