viernes, 19 de noviembre de 2010

PERPLEJIDAD

PERPLEJIDAD
No dejo de darle vueltas al asunto de los crucifijos (y al del comienzo del curso llevando a los niños a la iglesia de la Purificación, y al del Miércoles de Ceniza, y al de la imposición de flores a la Virgen María en mayo, y al de rezar el Angelus en clase, y al de…) en el colegio “Ortega y Gasset”, de Almendralejo. Y cuanto más lo rumio, más perplejidad y preocupación me produce pues se trata, nada menos, como reconocen el propio Presidente de la Junta de Extremadura y su Consejera de Educación, que de un asunto de “valores y principios para la convivencia de todos los españoles" consagrados en la Constitución.
Primera perplejidad: Si se trata de restablecer valores y principios para la convivencia y de hacer valer un derecho constitucional, ¿cómo es posible que estos asuntos lleven produciéndose y manteniéndose durante tanto tiempo y no se hayan tomado medidas desde la Consejería de Educación hasta que una intervención de la justicia era ya inminente? ¿Acaso la Inspección Técnica Educativa no se percató de las arbitrariedades que en ese centro se estaban produciendo? ¿Qué decía el informe del inspector de la zona – supongo que algún informe escrito se habrá elaborado –sobre estos hechos? ¿Acaso la autoridad administrativa (Equipo directivo, Delegado provincial, Consejera…) no tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley?
Me temo que en la estructura escolar nadie quiso ver los atropellos que se estaban produciendo.

Segunda perplejidad: Y en éstas, nuestro Presidente de la Junta, Sr. Fernández Vara, se descuelga con lo de "hablar mucho" y "en la escuela"; "que se hable en la escuela", entre los padres y la dirección del centro, para buscar "soluciones", aunque "teniendo en cuenta" que una familia pude hacer "uso de su derecho constitucional". Y se queda tan tranquilo. ¿Y si una familia no se atreve a reclamar “su derecho constitucional, hecho que suele ocurrir con harta frecuencia por multitud de razones justificadísimas (no declarar su confesión religiosa, presiones de otras familias, falta de información o de formación, etc.)? ¿Se le atropellan sus derechos y “aquí no pasa nada”? ¿No está la autoridad para- de oficio y sin que nadie se lo reclame- hacer valer y prevalecer los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos? “Hablar mucho” y “en la escuela”. ¿Quiénes? ¿Una familia a la que se le presiona hasta lo intolerable por haberse atrevido a reclamar su derecho constitucional? ¿De qué? ¿De una “renuncia democrática” a un derecho hasta conseguir que cedas? ¿Con quién? ¿Con otros padres de alumnos que se creen que pueden arrasar cualquier valor constitucional que no coincida con los suyos por el mero hecho de ser mayoría en ese momento y situación? ¿Con un equipo directivo de un centro que se inhibe para no comprometerse? ¿Con una Administración educativa que, o no da la cara o devuelve la pelota al Consejo Escolar y que sea él quien resuelva, tenga o no competencias para ello?
“Hablar mucho” y “en la escuela” ¿Durante dos largos años? ¿Hasta que encuentren una solución sea la que sea? Y mientras, ¿qué? ¿O tal vez hablar en la escuela hasta que exista el riesgo bochornoso de que otra autoridad no escolar – la judicial – restablezca el derecho y lo haga cumplir? ¿Esto es lo que nos pide nuestro Presidente? "No se debe judicializar la vida de los centros educativos", dice la Sra. Consejera. ¿Entonces qué? ¿Que los padres lleven la iniciativa, se enzarcen entre ellos en disputas, soporten la presión y se instale permanentemente el conflicto en el centro mientras la autoridad educativa dimite de su obligación, mira para otro lado y deja pasar el tiempo?

Tercera perplejidad: Y luego está lo de de la Sra. Consejera respecto a las "relaciones preferentes o prevalentes" con la Iglesia Católica y lo de que la religión debe ser materia de oferta obligatoria, lo cual significa que "evidentemente tienen que haber aulas con crucifijos". Dª Eva Mª Pérez sabe muy bien que la enseñanza de la asignatura de religión católica en los centros escolares no conlleva necesariamente ni la realización de prácticas religiosas en las aulas, ni la presencia de símbolos religiosos católicos adornando sus paredes y presidiendo sus espacios de forma permanente, ni la celebración de actos de culto católico en el recinto escolar. Y mucho menos la “evidencia” de que tienen que haber aulas con crucifijos. Sabe muy bien la Sra. Pérez que lo que establece la Constitución es que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Ni preferentes ni prevalentes. Sólo relaciones de cooperación. Y no son pocas las fijadas en el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, firmado por cierto en 1953, revisado en 1976 y firmado en enero de 1979. Sabe, por tanto, también nuestra Consejera que la obligación de los centros de ofertar la asignatura de religión católica no tiene su base en la Constitución sino en un Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede firmado apenas unos escasísimos días después de aprobarse la Constitución.
Puede, pues, estar tranquila la Sra. Consejera en lo referente a las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica; bien cumplidas están. El Concordato con la Santa Sede en materia de enseñanza lo satisface con largueza: oferta obligatoria, elección del profesorado, pago del mismo, determinación del currículo, presencia eclesial, conciertos económicos con centros religiosos…Relaciones de cooperación que deberían ser revisadas y ajustadas.
Mientras esto ocurre, fuera “escrúpulos del padre Gargajo” y no permitamos que estas relaciones privilegiadas con la Iglesia Católica se lleven por delante ninguno de los derechos constitucionales que tanto costaron conseguir.

13 comentarios:

Feli dijo...

Blogger Feli dijo...

Comparto de principio a fin, Máximo.

Nuestras autoridades abogan por el diálogo y la paz escolar eludiendo su responsabilidad ante el cumplimiento de la ley y pasando la patata caliente a la comunidad educativa en aspectos que no son de su competencia. Ahora, nos tiramos los trastos entre nosotros y dejamos el patio hecho unos zorros.

¡Así gobierna cualquiera!

Ángela Rivera dijo...

Me gustaría que este artículo lo leyeran todas las madres y padres que se van a manifestar mañana en Almendralejo para devolver los crucifijos a las aulas.
El tema de los crucifijos sólo es un "daño colateral" del verdadero problema, que es la existencia de las clases de religión en los centros educativos. Las creencias eligiosas , como cualquier creencia pertenecen al ámbito privado por lo tanto la formación debe darse en la familia y en los maravillosos locales que tiene la Iglesia Católica( por ser éste el tema que nos ocupa). En los centros públicos se debe educar en los valores fundamentales reflejados en la Declaración Universal de DDHH y la Constitución.

Anónimo dijo...

Efectivamente lo que vemos, una vez más, es la inhibición de las autoridades que tenemos (o padecemos, sería tal vez el apelativo que mejor las define) ante la obligación de hacer cumplir parte de los derechos constitucionales individuales, sobre todo cuando estos se refieren a derechos nuevos que no eran reconocidos durante la anterior dictadura. Es como si la dictadura se prolongase de forma soterrada, en la actual democracia, al eludir, las autoridades encargadas se aplicarlos, la responsabilidad de hacer cumplir esos derechos. Si todos miramos para otro lado "esto está muy bien". Cuando a alguien se le ocurre exigir su cumplimiento, ya nos han tocado nuestros derechos "mayoritarios", "la santa tradición", "lo que hemos hecho de toda la vida" etc. etc. ¿Cuándo se cumplirá, en todos sus términos, la constitución de 1978?

Carmen dijo...

No quisiera estar en la piel de esos niños o niñas, hijos de padres disidentes con las prácticas religiosas en su centro escolar. Imagino los comentarios de rechazo, la situación de incomodidad que tendrán que padecer. Los imagino como centro de una atención nada educativa, marginados en los momentos en que sus compañeros realizan prácticas religiosas que no forman parte del curriculo escolar. ¿Qué hacen esos niños mientras sus compañeros están en esas tareas religiosas? ¿Es de recibo que los tiempos escolares, que a veces se nos quedan tan estrechos, se utilicen en potenciar rituales que deberían estar en el ámbito de lo personal? ¿Es necesario que haya símbolos no compartidos en espacios que tenemos que compartir todos? Los responsables de la Educación Pública deben ser realmente responsables y ocuparse de apagar fuegos que hieren a muchos y que a nadie benefician al fin y al cabo.

Antonio Peña dijo...

"El gobierno quita 300 euros a cada persona del Estado español para dárselos a la iglesia católica" dice
www.europalaica.com

Anónimo dijo...

¿En qué aulas, según la Consejera, tendrían que estar los crucifijos? ¿Es que no se imparten otras asignaturas en esas aulas? ¿No hay niños que no dan religión en esas aulas? ¿Qué pasa cuando la mitad de la clase no da religión?

Anónimo dijo...

Eso de mirar para otro lado se está convirtiendo en el defecto nacional.

Anónimo dijo...

Es "el deporte nacional" lo de mirar a otro lado,... así, como se dice aquí ¡Gobierna cualquiera!

Anónimo dijo...

Y esos padre con ese "asesor jurídico" ¿Quieren volver al nacional catolicismo? ¿A la dictadura franquista? Al menos en ese aspecto, así lo parece. ¿Nadie, me refiero a ninguna autoridad, se lo va a decir? ¡¡¡que lo que ha solicitado la familia es un derecho, que estamos en un Estado aconfesional!!! o la Constitución de 1978, después de 32 años, es y sigue siendo para muchos papel mojado ¿?...

edur dijo...

Corren ríos de tinta en temas como este que sólo confirman que no está superado ni regulado adecuadamente y como corresponde en derecho.
Estoy muy de acuerdo con lo manifestado en esta entrada (Perplejidad). Y no es para menos. Existe una constitución que en su artículo 14 dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y el 16 ratifica que: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades…” “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia”. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Y por si acaso el artículo 53 respecto a la tutela de las libertades y derechos dice: “Los derechos y libertades reconocidos… vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley…, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…”.
Así pues, nada de autonomía al consejo escolar en este tema; nada de mayorías impuestas a minorías ni opciones personales de creencias impuestas al colectivo y en instituciones públicas; ningún alumno que deba salir de su clase y realizar “actividades de estudio” o más bien completar un horario sin currículo y sin calidad; nada de inhibición por parte de la autoridad que debe regular estos derechos y libertades;… y más.
Además de las entradas del blog también se puede leer
http://javierfigueiredo.blogspot.com/2010/11/no-ser-catolico.html

Anónimo dijo...

Paco González

Ya va siendo hora que alguien levante la voz contra la injusticia a nuestra constitución, encarnada en las clases de Religión de las aulas de los centros públicos. ¡Ánimo Máximo y enhorabuena por tu gesto que deberíamos seguir todos los que pensamos como tú y todas las instituciones que así piensan!

Soportamos que los alumnos reciban clase de Religión católica en nuestras aulas, la enmascaran con una asignatura alternativa ( para los que no dan religión ) que tiene que existir obligatoriamente para darle legalidad, pagamos a los profesores que elige el Obispado, estos no tienen que soportar oposiciones sólo decir que son creyentes católicos y para colmo hay algún sindicato que dice que no reciben el mismo trato que el resto de los profesores.

No entiendo como nuestra Administración educativa ( teóricamente de izquierda ) puede justificar todo ésto y lo sucedido en el Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo.

Me parece muy bien que los alumnos den clase religión, no una hora sino 12 a la semana , pero que las den en los espacios religiosos que para eso están.

Me parece muy bien que los Obispos elijan a los profesores pero que los pague la Santa Sede.

Desde aquí un llamamiento a todos los que día a día soportamos esta injusticia. Es bueno y saludable que nos manifestemos por cualquier medio a nuestro alcance.

silvio dijo...

Es evidente que estamos pagando la rememora de los años de la dictadura. El respeto a las creencias de cada uno se cercenaron con el golpe de estado franquista y la institucionalización de la religión católica en el ámbito de lo público. Este solapamiento nos lleva a considerar "normal" la presencia de la iglesia en ámbitos que pertenecen a todos los ciudadanos y ciudadanas.No es un problema de mayorías es un problema de respeto en los lugares públicos a la pluralidad democrática de nuestra sociedad. Las autoridades públicas no pueden ni deben mirar para otro lado sino ser firmes en la defensa de un pilar de la convivencia como es el de favorecer el respeto a la pluralidad.No se sabe si las intervenciones públicas de nuestro presidente autonómico y de la consejera son fruto de su tibieza, su precaución electoral, o de su interpretación de árbitro y no de parte en un tema que reclama una actuación clara en defensa de las libertades públicas.

Pedro Díaz Acero dijo...

Máximo, estoy totalmente de acuerdo contigo.Te has olvidado de otra perplejidad más: la del señor Sánchez Amor al decirnos que el ser autoridad pública no es solo para lo bueno sino para asumir responsabilidades y que entonces los maestros somos los encargados de quitar los crucifijos....SIN PALABRAS. Solo PERPLEJIDAD... Por cierto el señor Sánchez Amor... ¿qué es? ¿ Es autoridad? Esto de la religión en la escuela y sus consecuencias comienza a resultar insoportable, encima tienen la "poca humildad" de pedir que se respeten sus derechos.Desde aquí me solidarizo con el más débil y, en este caso, al menos para mí, son esos padres y sus hijos que han cometido el delito de exigir vía judicial sus derechos. Estoy con ellos. Estoy con tu opinión Máximo