viernes, 22 de junio de 2012

HABLANDO CLARO: "NO A LOS RECORTES EDUCATIVOS"


RECORTES Y MEDIDAS EN EDUCACIÓN PÚBLICA

Debemos hacer una declaración de principios sobre la educación pública que queremos: inclusiva, democrática, comprensiva, gratuita, igualitaria, transformadora, laica, solidaria, plural y de calidad. Una escuela pública de todos y para todos porque el primer principio político y de una sociedad moderna debe ser LA EDUCACIÓN, el segundo, LA EDUCACIÓN y el tercero, LA EDUCACIÓN. Ofrecer una buena educación es lo mejor que podemos hacer por una persona, un pueblo o un país. Y las estadísticas muestran que los países con más elevado nivel de vida invierten en educación, proporcionalmente, una mayor parte de su presupuesto.
Por ello también hay que, en primer lugar, valorar socialmente al docente (maestro o profesor), y a la vez exigirle después de ofrecerle una adecuada formación inicial y profesional mediante una selección al mayor nivel de calidad. Su selección debe ser la mejor supervisada de todas las tareas realizadas por la propia Administración. Además, esta calidad se debe mantener en la formación continua. Dicho claramente: “Tienen que ser los mejores y los más preparados los seleccionados para educar a las futuras generaciones jóvenes”.
Siempre nos hemos opuesto a los recortes en educación. Si hay un sector en el que con toda seguridad no se debe recortar nunca es el sector educativo. La razón principal es porque la Educación es un sector estratégico para la mejora de una sociedad. Los economistas no hablan de gasto, sino de inversión en Educación. Iríamos a contracorriente del mundo desarrollado si hacemos lo contrario. Podemos no reparar una carretera, no hacer gastos suntuosos, no inflar las partidas de protocolo y gastos de representación, no favorecer programas que más que educativos son apuestas políticas que detraen recursos y no son eficaces ni reportan calidad, etc. Sencillamente no podemos, en contra de lo prometido, darle ingente cantidades a los Bancos, sin exigir ni investigación ni responsabilidades y a la vez robar a los niños, a los jóvenes, a nuestros hijos, su futuro porque les pertenece. Tenemos obligación de darles lo mejor y ofertar una educación pública de calidad. Los mejores profesionales, las mejores instalaciones, la mejor organización, los mejores recursos, la vivencia de los valores humanos,… la mejora de los presupuestos porque estamos por debajo de la media de la UE.
Así que nos oponemos a los recortes en la Educación Pública y en Investigación, porque hay sectores, partidas presupuestarias, decisiones que hay que tomar para no tocar los presupuestos educativos y aumentar ingresos. Pues lo que pretenden con tanto Real Decreto y medidas no es otra cosa que un contrasentido e insensatez que perjudica notablemente no solo a la Educación Pública, sino que hipoteca nuestro futuro como país y crea más crisis de la que será más difícil salir por la bajada de la actividad económica y la consiguiente disminución de ingresos fiscales.
Mención especial necesita en Extremadura la Escuela Rural. Porque aun siendo muy graves las repercusiones que puedan tener en el conjunto del sistema educativo los recortes, en el medio rural, menoscabará, sin duda, la igualdad de oportunidades y la compensación a las zonas con menos posibilidades educativas. Estamos hablando de personas, niños, de familias, de seres humanos, no de cosas y a largo plazo el sufrimiento, el desarraigo social y cultural será muy elevado y costoso.
La “clase política”, está “profesionalizada”. Es un servicio a la ciudadanía no es para servirse. Deben mirar hacia su tierra, a Extremadura, a España y no tanto a sus intereses personales o partidista. De nada valen las buenas intenciones si ajustan siempre en función de los más débiles, de las trabajadoras y los trabajadores rompiendo la equidad y la máxima de que “el que más tiene más paga”. Si de verdad quieren, además de generar más ingresos, recortar algunos gastos, deben retomar otras líneas de actuación en lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma.
En la línea de mejora de la eficiencia eliminaría las Delegaciones Provinciales de Educación. Es necesario descentralizar, modernizar nuestro sistema educativo para que los Distritos Educativos tan anhelados, estampados en la ley, sean una realidad. Es necesario que las Delegaciones sean desmanteladas, que desaparezcan y que ello suponga una disminución de gastos y una mejora del servicio.
Por otra parte, las Diputaciones Provinciales. Es un debate que se retoma en clave electoral pero que parece que cuando se toma el control de la institución se olvida todo. Es necesario desmantelarlas, tienen que desaparecer.
En una CCAA como la nuestra con un millón de habitantes y tantas administraciones que duplican funciones cuando no se solapan es necesario hacer una reforma institucional para racionalizar los recursos tanto materiales, humanos como económicos. Las funciones y competencias propias de las Delegaciones Provinciales de Educación así como  las de las Diputaciones pueden ser asumidas por el Gobierno Autonómico y los Ayuntamientos.
Se podía seguir profundizando porque el problema no está en el gasto. La Administración autonómica no gasta mucho; el déficit es por la escasez de ingresos, una fatal financiación autonómica y, posiblemente, peor gestión en algunos sectores.  Podríamos hablar de otros problemas pero no queremos generar nuevos conflictos en la educación. Están ahí, todos los conocemos. Por ejemplo los conciertos educativos que detraen grandes partidas presupuestarias para que unos “privilegiados” tengan una educación diferenciada porque parece que no les gusta la Educación Pública. Es evidente que, excepto en contados casos de carácter social, deberían ser ellos los que se pagasen esa educación.
La necesidad de profundizar en la democratización de la escuela favoreciendo la participación real; el daño que puede hacer en un instituto aumentar las horas lectivas en detrimentos de las funciones de coordinación, trabajo en equipos, labores pedagógicas; primar una y otra vez jerárquicamente con medidas organizativas y económicas a los niveles más altos y funciones administrativas en detrimento de las propias del maestro y profesor de aula que son los verdaderos artífices del trabajo educativo con el alumnado;… y más. Porque la Educación Infantil y Primaria son los cimientos. Ambas tienen un carácter preventivo y compensador, especialmente, la etapa de Infantil, siendo en su conjunto una etapa educativa, gratuita y de oferta obligada para la Administración Educativa. Y no digamos del fallido intento de prolongar la educación obligatoria hasta los 18 años, como ya existe en tantos países europeos.

Así pues, entendemos que, las medidas que se pretenden adoptar reportarán contención del gasto pero van a generar más desempleo y atacan la calidad de la educación pública. No pueden seguir tratando de engañarnos. Ahí tienen las delegaciones provinciales de educación, las diputaciones y todo tipo de organismo satélites alrededor de ellas. También, si así se quiere, en la Asamblea de Extremadura. Actúen.
Queda mucho por hacer en educación. No destruyan los servicios públicos porque es relativamente sencillo destruir, lo difícil es construir y construir bien.
EDUCACIÓN PÚBLICA DE TODOS, PARA TODOS Y DE CALIDAD

COLECTIVO AFILALAPIZ DE EXTREMADURA

lunes, 11 de junio de 2012

TRANQUILOS, TODO BAJO CONTROL


La Consejería de Educación nos anuncia que la enseñanza pública no universitaria en Extremadura sufrirá el próximo curso un recorte de profesores entre 450 y más de un millar (una horquilla muy precisa para tranquilidad del personal) “según el rigor con que se aplique” el Real-Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. Si no se es muy riguroso, tal vez se quede sólo en 500 o 600 (¡menos mal! ¡Gracias ¡  ¡muchas gracias por vuestra benevolencia y eficacia). Así pues, mil profesores interinos podrán perder el trabajo el próximo curso. ¡Ah!, ¿son interinos?  ("Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista./Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo …).
Y de esto nadie quiere hacerse responsable. La Consejería dice que son consecuencias de la aplicación del Real-Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación dice que son las Comunidades Autónomas las competentes en materia educativa y a ellas corresponde ajustar el gasto. El PSOE anda con lo de un pacto para acá, un pacto para allá, mucha prudencia y enorme responsabilidad (¿se refieren a la acepción de la Real Academia de la Lengua: “responsabilidad. 3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado.?)  Y Pedro Escobar dice que todo esto “es fruto del pacto constitucional que firmaron PSOE y PP"; recuerda que IU se opuso a esa reforma y que IU, con tres diputados que tiene en Extremadura, "no puede ser el pilar que sustente la bóveda celeste”. Y todos seguimos satisfechos.
Menos mal que ahora nos vienen de Europa 100.000 millones de euros que nos arreglarán la educación, la sanidad, la dependencia… ¡Ah! ¡No me digas que ese dinero es sólo para solucionar el problema de los bancos!