RECORTES Y MEDIDAS EN
EDUCACIÓN PÚBLICA
Debemos hacer una declaración de principios sobre
la educación pública que queremos: inclusiva, democrática, comprensiva, gratuita,
igualitaria, transformadora, laica, solidaria, plural y de calidad. Una escuela
pública de todos y para todos porque el primer principio político y de una
sociedad moderna debe ser LA EDUCACIÓN, el segundo, LA EDUCACIÓN y el tercero,
LA EDUCACIÓN. Ofrecer una buena educación es lo mejor que podemos hacer por una
persona, un pueblo o un país. Y las estadísticas muestran que los países con
más elevado nivel de vida invierten en educación, proporcionalmente, una mayor
parte de su presupuesto.
Por ello también hay que, en primer lugar,
valorar socialmente al docente (maestro o profesor), y a la vez exigirle
después de ofrecerle una adecuada formación inicial y profesional mediante una
selección al mayor nivel de calidad. Su selección debe ser la mejor supervisada
de todas las tareas realizadas por la propia Administración. Además, esta
calidad se debe mantener en la formación continua. Dicho claramente: “Tienen
que ser los mejores y los más preparados los seleccionados para educar a las
futuras generaciones jóvenes”.
Siempre nos hemos opuesto a los recortes en
educación. Si hay un sector en el que con toda seguridad no se debe recortar
nunca es el sector educativo. La razón principal es porque la Educación es un
sector estratégico para la mejora de una sociedad. Los economistas no hablan de
gasto, sino de inversión en Educación. Iríamos a contracorriente del mundo
desarrollado si hacemos lo contrario. Podemos no reparar una carretera, no
hacer gastos suntuosos, no inflar las partidas de protocolo y gastos de
representación, no favorecer programas que más que educativos son apuestas
políticas que detraen recursos y no son eficaces ni reportan calidad, etc. Sencillamente
no podemos, en contra de lo prometido, darle ingente cantidades a los Bancos,
sin exigir ni investigación ni responsabilidades y a la vez robar a los niños,
a los jóvenes, a nuestros hijos, su futuro porque les pertenece. Tenemos
obligación de darles lo mejor y ofertar una educación pública de calidad. Los
mejores profesionales, las mejores instalaciones, la mejor organización, los
mejores recursos, la vivencia de los valores humanos,… la mejora de los
presupuestos porque estamos por debajo de la media de la UE.
Así que nos oponemos a los recortes en la
Educación Pública y en Investigación, porque hay sectores, partidas
presupuestarias, decisiones que hay que tomar para no tocar los presupuestos
educativos y aumentar ingresos. Pues lo que pretenden con tanto Real Decreto y
medidas no es otra cosa que un contrasentido e insensatez que perjudica
notablemente no solo a la Educación Pública, sino que hipoteca nuestro futuro
como país y crea más crisis de la que será más difícil salir por la bajada de
la actividad económica y la consiguiente disminución de ingresos fiscales.
Mención especial necesita en Extremadura la
Escuela Rural. Porque aun siendo muy graves las repercusiones que puedan tener
en el conjunto del sistema educativo los recortes, en el medio rural,
menoscabará, sin duda, la igualdad de oportunidades y la compensación a las
zonas con menos posibilidades educativas. Estamos hablando de personas, niños,
de familias, de seres humanos, no de cosas y a largo plazo el sufrimiento, el
desarraigo social y cultural será muy elevado y costoso.
La “clase política”, está “profesionalizada”. Es
un servicio a la ciudadanía no es para servirse. Deben mirar hacia su tierra, a
Extremadura, a España y no tanto a sus intereses personales o partidista. De
nada valen las buenas intenciones si ajustan siempre en función de los más
débiles, de las trabajadoras y los trabajadores rompiendo la equidad y la
máxima de que “el que más tiene más paga”. Si de verdad quieren, además de
generar más ingresos, recortar algunos gastos, deben retomar otras líneas de
actuación en lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma.
En la línea de mejora de la eficiencia eliminaría
las Delegaciones Provinciales de Educación. Es necesario descentralizar,
modernizar nuestro sistema educativo para que los Distritos Educativos tan
anhelados, estampados en la ley, sean una realidad. Es necesario que las
Delegaciones sean desmanteladas, que desaparezcan y que ello suponga una disminución
de gastos y una mejora del servicio.
Por otra parte, las Diputaciones Provinciales. Es
un debate que se retoma en clave electoral pero que parece que cuando se toma
el control de la institución se olvida todo. Es necesario desmantelarlas,
tienen que desaparecer.
En una CCAA como la nuestra con un millón de
habitantes y tantas administraciones que duplican funciones cuando no se
solapan es necesario hacer una reforma institucional para racionalizar los recursos
tanto materiales, humanos como económicos. Las funciones y competencias propias
de las Delegaciones Provinciales de Educación así como las de las Diputaciones pueden ser asumidas
por el Gobierno Autonómico y los Ayuntamientos.
Se podía seguir profundizando porque el problema
no está en el gasto. La Administración autonómica no gasta mucho; el déficit es
por la escasez de ingresos, una fatal financiación autonómica y, posiblemente,
peor gestión en algunos sectores. Podríamos
hablar de otros problemas pero no queremos generar nuevos conflictos en la
educación. Están ahí, todos los conocemos. Por ejemplo los conciertos
educativos que detraen grandes partidas presupuestarias para que unos
“privilegiados” tengan una educación diferenciada porque parece que no les
gusta la Educación Pública. Es evidente que, excepto en contados casos de
carácter social, deberían ser ellos los que se pagasen esa educación.
La necesidad de profundizar en la democratización
de la escuela favoreciendo la participación real; el daño que puede hacer en un
instituto aumentar las horas lectivas en detrimentos de las funciones de
coordinación, trabajo en equipos, labores pedagógicas; primar una y otra vez
jerárquicamente con medidas organizativas y económicas a los niveles más altos
y funciones administrativas en detrimento de las propias del maestro y profesor
de aula que son los verdaderos artífices del trabajo educativo con el alumnado;…
y más. Porque la Educación Infantil y Primaria son los cimientos. Ambas tienen
un carácter preventivo y compensador, especialmente,
la etapa de Infantil, siendo en su conjunto una etapa educativa, gratuita y de
oferta obligada para la Administración Educativa. Y no digamos del fallido intento de
prolongar la educación obligatoria hasta los 18 años, como ya existe en tantos
países europeos.
Así pues, entendemos que, las medidas que se
pretenden adoptar reportarán contención del gasto pero van a generar más
desempleo y atacan la calidad de la educación pública. No pueden seguir
tratando de engañarnos. Ahí tienen las delegaciones provinciales de educación,
las diputaciones y todo tipo de organismo satélites alrededor de ellas. También,
si así se quiere, en la Asamblea de Extremadura. Actúen.
Queda mucho por hacer en educación. No destruyan
los servicios públicos porque es relativamente sencillo destruir, lo difícil es
construir y construir bien.
EDUCACIÓN PÚBLICA DE
TODOS, PARA TODOS Y DE CALIDAD
COLECTIVO AFILALAPIZ DE EXTREMADURA
