viernes, 17 de febrero de 2012

¿HAY TRUCO EN LAS REFORMAS EDUCATIVAS QUE NOS ANUNCIAN?


"Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer", fueron palabras de José Ramón Bauzá, presidente de Baleares, en la campaña electoral del 20N.
Y empieza a llegar lo que muchos nos temíamos que había detrás de afirmaciones como las de la frasecita de marras: vuelcos profundos en normas que regulan aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos. Y ahora se nos anuncian cambios respecto al divorcio, al aborto, al medio ambiente, a la energía nuclear, al empleo… y, cómo no, a la educación.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, quiere llevar a cabo reformas en la enseñanza secundaria. En síntesis, quiere la reducción de la ESO de cuatro a tres cursos y ampliar el Bachillerato y la Formación Profesional de grado medio de dos a tres. Todo ello manteniendo la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Se nos dice que pretende resolver desarreglos del sistema educativo español que, según algunos, están ocasionando graves problemas: demasiado alumnado que no obtienen el título de graduado en educación obligatoria, un índice tremendo de abandono escolar a partir de los 16 años, un altísimo porcentaje de paro juvenil por desajuste de la F.P con el mundo laboral, etc. etc.
También ha decidido eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y sustituirla por otra que se llamará Educación Cívica y Constitucional. Según el Ministro, "Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y ha creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo". Educación Cívica y Constitucional será una asignatura que – dice- "estará exenta de cuestiones controvertidas" y "libre de adoctrinamiento ideológico".
Por los argumentos que esgrimen para justificar los cambios y el manejo que hacen de ciertas realidades, a mí me da que con la nueva normativa pretenden otros objetivos menos confesables.
A la espera de más detalles, convendría que empezáramos a contestarnos preguntas como éstas:
  • ¿Es correcto el diagnóstico por el que justifican las reformas?
  • ¿Los cambios aportan soluciones reales a los problemas que dicen querer resolver?
  • ¿Se están considerando los nuevos problemas que ocasionarán?
  • ¿A qué grupos sociales benefician y a cuáles perjudican las reformas propuestas?...