viernes, 19 de noviembre de 2010

PERPLEJIDAD

PERPLEJIDAD
No dejo de darle vueltas al asunto de los crucifijos (y al del comienzo del curso llevando a los niños a la iglesia de la Purificación, y al del Miércoles de Ceniza, y al de la imposición de flores a la Virgen María en mayo, y al de rezar el Angelus en clase, y al de…) en el colegio “Ortega y Gasset”, de Almendralejo. Y cuanto más lo rumio, más perplejidad y preocupación me produce pues se trata, nada menos, como reconocen el propio Presidente de la Junta de Extremadura y su Consejera de Educación, que de un asunto de “valores y principios para la convivencia de todos los españoles" consagrados en la Constitución.
Primera perplejidad: Si se trata de restablecer valores y principios para la convivencia y de hacer valer un derecho constitucional, ¿cómo es posible que estos asuntos lleven produciéndose y manteniéndose durante tanto tiempo y no se hayan tomado medidas desde la Consejería de Educación hasta que una intervención de la justicia era ya inminente? ¿Acaso la Inspección Técnica Educativa no se percató de las arbitrariedades que en ese centro se estaban produciendo? ¿Qué decía el informe del inspector de la zona – supongo que algún informe escrito se habrá elaborado –sobre estos hechos? ¿Acaso la autoridad administrativa (Equipo directivo, Delegado provincial, Consejera…) no tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley?
Me temo que en la estructura escolar nadie quiso ver los atropellos que se estaban produciendo.

Segunda perplejidad: Y en éstas, nuestro Presidente de la Junta, Sr. Fernández Vara, se descuelga con lo de "hablar mucho" y "en la escuela"; "que se hable en la escuela", entre los padres y la dirección del centro, para buscar "soluciones", aunque "teniendo en cuenta" que una familia pude hacer "uso de su derecho constitucional". Y se queda tan tranquilo. ¿Y si una familia no se atreve a reclamar “su derecho constitucional, hecho que suele ocurrir con harta frecuencia por multitud de razones justificadísimas (no declarar su confesión religiosa, presiones de otras familias, falta de información o de formación, etc.)? ¿Se le atropellan sus derechos y “aquí no pasa nada”? ¿No está la autoridad para- de oficio y sin que nadie se lo reclame- hacer valer y prevalecer los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos? “Hablar mucho” y “en la escuela”. ¿Quiénes? ¿Una familia a la que se le presiona hasta lo intolerable por haberse atrevido a reclamar su derecho constitucional? ¿De qué? ¿De una “renuncia democrática” a un derecho hasta conseguir que cedas? ¿Con quién? ¿Con otros padres de alumnos que se creen que pueden arrasar cualquier valor constitucional que no coincida con los suyos por el mero hecho de ser mayoría en ese momento y situación? ¿Con un equipo directivo de un centro que se inhibe para no comprometerse? ¿Con una Administración educativa que, o no da la cara o devuelve la pelota al Consejo Escolar y que sea él quien resuelva, tenga o no competencias para ello?
“Hablar mucho” y “en la escuela” ¿Durante dos largos años? ¿Hasta que encuentren una solución sea la que sea? Y mientras, ¿qué? ¿O tal vez hablar en la escuela hasta que exista el riesgo bochornoso de que otra autoridad no escolar – la judicial – restablezca el derecho y lo haga cumplir? ¿Esto es lo que nos pide nuestro Presidente? "No se debe judicializar la vida de los centros educativos", dice la Sra. Consejera. ¿Entonces qué? ¿Que los padres lleven la iniciativa, se enzarcen entre ellos en disputas, soporten la presión y se instale permanentemente el conflicto en el centro mientras la autoridad educativa dimite de su obligación, mira para otro lado y deja pasar el tiempo?

Tercera perplejidad: Y luego está lo de de la Sra. Consejera respecto a las "relaciones preferentes o prevalentes" con la Iglesia Católica y lo de que la religión debe ser materia de oferta obligatoria, lo cual significa que "evidentemente tienen que haber aulas con crucifijos". Dª Eva Mª Pérez sabe muy bien que la enseñanza de la asignatura de religión católica en los centros escolares no conlleva necesariamente ni la realización de prácticas religiosas en las aulas, ni la presencia de símbolos religiosos católicos adornando sus paredes y presidiendo sus espacios de forma permanente, ni la celebración de actos de culto católico en el recinto escolar. Y mucho menos la “evidencia” de que tienen que haber aulas con crucifijos. Sabe muy bien la Sra. Pérez que lo que establece la Constitución es que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Ni preferentes ni prevalentes. Sólo relaciones de cooperación. Y no son pocas las fijadas en el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, firmado por cierto en 1953, revisado en 1976 y firmado en enero de 1979. Sabe, por tanto, también nuestra Consejera que la obligación de los centros de ofertar la asignatura de religión católica no tiene su base en la Constitución sino en un Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede firmado apenas unos escasísimos días después de aprobarse la Constitución.
Puede, pues, estar tranquila la Sra. Consejera en lo referente a las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica; bien cumplidas están. El Concordato con la Santa Sede en materia de enseñanza lo satisface con largueza: oferta obligatoria, elección del profesorado, pago del mismo, determinación del currículo, presencia eclesial, conciertos económicos con centros religiosos…Relaciones de cooperación que deberían ser revisadas y ajustadas.
Mientras esto ocurre, fuera “escrúpulos del padre Gargajo” y no permitamos que estas relaciones privilegiadas con la Iglesia Católica se lleven por delante ninguno de los derechos constitucionales que tanto costaron conseguir.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Sobre la polémica de los crucifijos en los Centros

Con motivo de la solicitud para que se retiren los crucifijos, en un Centro Público de Almendralejo, realizado por una familia, se ha creado una polémica que ya ha generado suficiente "ruído", por decirlo de forma suave y sin intención de ofender a ninguna de las partes. Entre lo publicado me ha parecido de lo más ecuánime y adaptado a derecho este artículo aparecido en "La Crónica de Badajoz", hoy 18 de noviembre de 2010, de José María Pagador.
"No se pueden imponer una religión ni sus símbolos por votación mayoritaria, del mismo modo que no se puede acordar democráticamente expulsar a los judíos. Hay cosas que están por encima de las decisiones mayoritarias y en las que no cabe votación alguna. La asociación de padres de alumnos del colegio de Almendralejo de donde se han retirado unos crucifijos, en primer lugar, yerran cuando tratan de conseguir por mayoría lo que no es aceptable constitucionalmente en un colegio público de un Estado laico; en segundo, cuando quieren imponer a los demás su religión y sus símbolos en los espacios públicos del Estado, dejan de practicar la caridad y el amor al prójimo del que esos símbolos son la máxima expresión; y en tercero, cuando pretenden hacerlo con formas y expresiones airadas, contravienen la tolerancia y el respeto que predica el cristianismo.
La pregunta no es por qué molesta el crucifijo, o una efigie de Mahoma o una estatua de Buda. Estas expresiones de la fe de sus adeptos cuentan con espacios privados, en el hogar, en los centros religiosos y en los de culto y, en el caso de la Iglesia católica, sostenidos por el Estado español, que la ayuda con 6.000 millones de euros cada año (un billón de pesetas), lo cual me parece una vergüenza a estas alturas de la historia. En cambio, la laicidad y los que nos sentimos laicos y ajenos a las religiones, apenas disponemos de espacios donde no estén presentes los símbolos religiosos de los demás, que se nos imponen, si es necesario, por la fuerza o por la coerción de una votación mayoritaria que no cabe en cuestiones como ésta.
Aparte de que constitucionalmente no son admisibles los símbolos religiosos en los centros del Estado de cualquier tipo, y no solo en los educativos, el derecho de todos a su propia religión llevaría a un batiburrillo de símbolos de todas las religiones en los citados centros, en esta sociedad cada vez más pluriconfesional, o a que una asociación de padres con mayoría de musulmanes impusiera los símbolos islámicos en su colegio, o a que un juez hinduista hiciese colocar en la sala de vistas la simpática figura de Ganesh. Precisamente la rapidez y la contundencia con que reaccionan los adeptos en contra del derecho de los laicos demuestra su intolerancia y la necesidad de terminar de una vez con esta situación. En Europa es un asunto resuelto hace mucho tiempo. Aquí falta educación y cultura."

miércoles, 10 de noviembre de 2010

¿QUÉ NOS QUEDA A LOS ELECTORES?

Artículo del día: Publicado en El Periódico Extremadura el 10/11/2010

"Vara está empeñado en pactar con el PP la Ley de Educación y está haciendo concesiones"

En estos días andan los políticos extremeños afanados en elaborar una Ley de Educación para Extremadura (LEEx) que dure un largo período de tiempo. Que la educación es un pilar básico para el desarrollo personal, social y comunitario nadie lo pone en duda. Por ello la mejora del sistema educativo merece el esfuerzo de todos.
La educación se enmarca en un cuadro de valores, principios y normas de carácter ético, moral, religioso, económico, social, etc. de muy diversa entidad y naturaleza que hace que puedan perfilarse tantos modelos educativos como casi individuos somos. Por eso es necesario un pacto en el que se concierten unas líneas básicas dentro de las cuales una gran mayoría de ciudadanos podamos movernos en materia tan trascendental como es la educativa. Y ese pacto existe ya. El artículo 27 de la Constitución lo estableció y sigue teniendo vigencia y validez. No fue un pacto fácil. Nada menos que 10 apartados tuvo que contener el artículo para conseguir un equilibrio aceptable entre las concepciones educativas arraigadas en los distintos grupos políticos y sociales. La fragilidad de ese pacto obliga a todos a una exigente lealtad en su interpretación y en su cumplimiento.
Por otra parte estabilidad normativa no es sinónimo de estabilidad social o política. Sin ir más lejos desde la Ley Moyano de 1857, primera ley, hasta la segunda de Villar Palasí 1970, transcurre más de un siglo y es la época de mayores desigualdades educativas y analfabetismo de la España contemporánea.
En base a ese pacto constitucional, la educación es un derecho de todos que el Estado tiene la obligación de garantizar mediante una programación general de la enseñanza y una red de centros públicos que llegue a todos en las condiciones de mayor igualdad y equidad posibles. Una red pública que garantice el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución.
También, en base a ese pacto constitucional, aquellas personas y grupos a los que no les interese la oferta educativa de la red pública y, dentro de los principios constitucionales, quieran una educación basada en idearios específicos avalados por determinados grupos económicos, sociales, políticos o religiosos, tienen la libertad de creación de centros docentes privados y libertad de enseñanza para llevar a cabo una educación ajustada a esos idearios específicos.
En Extremadura, la red de centros está en una relación ochenta a veinte por ciento la pública respecto de la concertada/privada y esta última se encuentra fundamentalmente en poblaciones grandes. Ante todo ello, es necesario no olvidar que la concertada ha de ser subsidiaria respecto a la pública.
En el marco de ese pacto constitucional, cada partido político oferta a la sociedad su modelo educativo preferente que lo diferencia y conforma con él una pieza electoral que justifica opciones de gobierno y alternancias en el poder político. Desde una óptica, digamos, progresista no pueden estar ausentes los principios de solidaridad, equidad, compensación, planificación,… porque de lo contrario estaremos (entregando) abandonando la ESCUELA PÚBLICA y a la mayoría de los niños y niñas extremeños a un destino desfavorable y por lo tanto siendo deshonesto con ellos.
Pues bien, el Presidente de la Junta de Extremadura está empeñado en alcanzar un pacto (otra cosa serían acuerdos puntuales sobre algunos aspectos de la educación, como está ocurriendo en el nivel estatal) entre los dos partidos que ocupan la totalidad de la Asamblea de Extremadura que permita aprobar la Ley de Educación por unanimidad. Y en eso están gobierno y oposición autonómicos; el PSOE, dando pasos significativos hacia el modelo del adversario: más enseñanza privada, más autonomía para sus idearios, más recursos para esos centros…; el PP, creciéndose, planteando con increíble desparpajo cuestiones inaceptables: más dinero para los empresarios educativos, más posibilidades de selección de su alumnado, menos control en esos centros...
Parece importar poco que se traspasen las líneas rojas de una aceptable lectura leal del pacto educativo constitucional. (“Lo importante, como ha expresado públicamente Díez Solís –PP-, es que saquemos una ley con la que podamos gobernar cualquiera”).
Pero si los modelos educativos del PSOE y del PP no se van a diferenciar, materializándose en una Ley casi imposible de modificar con un único modelo pactado, ¿para qué las alternancias políticas? Si la propuesta educativa extremeña ya está acordada, gobierne quien gobierne, ¿qué nos queda a los electores?.